Propuestas 8, 9, 10 y 11 - Reestructuración democrática del Estado y la reforma política
Por
Delegación de Paz FARC-EP
/ Julio 8 de 2013
Señor
ministro Carrillo:
Con soberbia no se puede pretender evadir los compromisos y deberes sociales
del Estado. Para justificar la represión, usted no puede acusar a los labriegos
del Catatumbo y sus voceros de estar infiltrados o pertenecer a las FARC. No
hay que estigmatizar, sino mirar a sus pobladores como lo que son: campesinos,
gente humilde, que desde antes, mucho antes de iniciarse el proceso de La
Habana, con justa agenda y con propia voz, han clamado pacíficamente por sus
derechos conculcados.
Por
lo demás, La Habana es espacio donde intentamos encontrar caminos de paz para
nuestro país; entonces, ¿por qué demeritar con expresiones desafortunadas esta
causa? Ojalá Colombia toda se pudiera convertir, ya mismo, no en una sucursal
de tal emprendimiento, sino en el escenario principal donde se forje la
justicia, el entendimiento y la reconciliación que involucre a todas y todos
nuestros compatriotas sin excepción.
Estamos
de acuerdo en buscar las maneras de hacer política sin armas, pero no puede
entonces el gobierno criminalizar y responder con balas a la protesta social. [Ver video]
La Habana, Cuba, sede de los
diálogos de paz, julio 8 de 2013
Participación política para la
democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional
Once
propuestas mínimas para la reestructuración democrática del Estado y la reforma
política (Continuación)
8. Participación ciudadana y reforma democrática a la justicia
El
derecho político a la participación comprende el derecho a exigir una administración
de justicia independiente, transparente y oportuna. La judicatura democrática
es uno de los pilares del Estado social de Derecho. Por tal razón, se
promoverá, con la más amplia participación social y popular, una reforma
democrática a la administración de justicia. Dicha reforma debe liberarla de su
escandalosa politización, devolverle su independencia como rama del poder
público y convertirla en un presupuesto indispensable para la paz. Ello
presume, entre otros, superar la condición actual de justicia corporativa y su
estructura “frentenacionalista”; desligar la conformación de las altas Cortes
de toda injerencia de los poderes ejecutivo y legislativo y promover, en lugar
de ello, la elección transparente a través del concurso público y el mérito; y suprimir
el Consejo Superior de la Judicatura, principal fuente de clientelismo y
corrupción. La reforma democrática a la justicia debe reconocer y promover el
pluralismo jurídico, así como las formas de justicia comunitaria.
9. Elección popular de los
representantes de los organismos de control y de otras instituciones públicas.
Atendiendo
el principio que quien controla no debe ser elegido por el controlado, y los
límites éticos de una politización de los organismos de control, y con miras a
ampliar la participación ciudadana, social y popular, el Procurador General de
la Nación y el Contralor General de la República serán de elección popular,
previa presentación de propuestas programáticas y de compromiso efectivo con
las funciones establecidas en el ordenamiento jurídico. La elección popular
procederá en el nivel subnacional. Se contemplará la revocatoria del mandato.
La elección popular también procederá para el Fiscal General y el Defensor del
Pueblo.
10. Reforma política democrática
y electoral
Una
profunda reforma política se ha constituido en una necesidad inaplazable, si se
consideran las características clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas
del régimen político. Tales características, además de generar el desprestigio
y la pérdida de legitimidad del ejercicio de la política a través de los
canales institucionales, se constituyen en un obstáculo fundamental para la
participación ciudadana, social y popular. La reforma política comprenderá el
sistema político y de representación, el sistema de partidos y el sistema
electoral. Su propósito principal consistirá en generar las condiciones para
una recuperación del valor de la política y de su organización institucional en
la forma de democracia electoral, sin perjuicio de otras formas democráticas de
la participación social y popular. La reforma debe asegurar la contienda
política en equidad e igualdad de condiciones, con regulaciones y
representaciones especiales para las minorías políticas, las mujeres, los jóvenes,
las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y demás sectores
sociales excluidos; debe reconocer una mayor participación del país regional y
territorial a través de la Cámara Territorial; debe recuperar para el poder
legislativo iniciativas en materia de planeación, presupuesto, y eliminar su
injerencia en el poder judicial, los organismos de control y el poder
electoral, entre otros. La reforma debe propiciar la oposición política,
incluida la formulación del Estatuto de la Oposición; limitar y prohibir, según
el caso, la injerencia de los intereses privados capitalista en las entidades
públicas, especialmente a través de la financiación estatal de las campañas
políticas; impedir que las campañas electorales se constituyan en empresas
rentables para la apropiación de dineros públicos; promover la consolidación de
los partidos y movimientos políticos y sociales; garantizar su financiación y
democracia interna; regular los avales y las coaliciones políticas, entre
otros. Se depurará el censo electoral; se procederá a una cedulación masiva y
gratuita; se establecerá el voto electrónico. Para tal efecto se dispondrán los
recursos de presupuesto a que hubiere lugar. Las empresas encuestadoras de
opinión electoral serán sometidas a regulaciones especiales.
11.
Reforma democrática del Poder electoral
El poder electoral en cabeza del Consejo Nacional
Electoral debe ser democratizado en profundidad y reestructurado en su
composición, a fin de ejercer un control efectivo sobre los partidos políticos
y los movimientos políticos y sociales, y sobre el proceso electoral. Sus
miembros deben ser elegidos de manera directa, garantizando la participación de
los partidos políticos y de los movimientos políticos y sociales, así como de
las mujeres, los jóvenes, las comunidades campesinas, indígenas y
afrodescendientes y demás sectores sociales excluidos. Se debe garantizar el
control y la veeduría ciudadana sobre la Registraduría Nacional del Estado
Civil, especialmente en lo referido a la depuración del censo electoral y la
cedulación masiva y gratuita.
Delegación de Paz FARC-EP
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