Resistencia legítima
El movimiento guerrillero en Colombia se ha convertido en el principal interlocutor frente al régimen actual para las definiciones acerca del futuro político de la nación y de la vida del país en general.
Esta
situación es el resultado de la tenaz persistencia de los alzados en armas en
su lucha y de otra parte, a la crisis y desarticulación de otros sectores
progresistas que han visto disminuido su papel como protagonistas legales y de
primera línea en la lucha por las transformaciones que requiere la sociedad
Colombiana. En cualquiera de estas dos circunstancias ha incidido de manera
decidida la violencia ejercida por el estado y los sectores dominantes, pues la
inexistencia de posibilidades y garantías para la acción civil dada la
criminalización de la protesta social y la guerra de exterminio contra
alternativas diferentes al bipartidismo Liberal-conservador es lo que
principalmente ha conducido que miles de Colombianos empuñen las armas y opten
por la guerra justa para defender su derecho a existir y para lograr los
cambios que anhelan para su pueblo.
La historia
de la actual violencia así lo confirma. Aun resuenan las exhortaciones del
padre Camilo Torres y la comisión de buenos oficios, así como los memoriales y
comunicados de los campesinos al gobierno y a la opinión publica, para que
fuera detenida la “Operación Marquetalia” contra las zonas agrarias,
operación que bajo las directrices del plan LASO del pentágono yankee,
al ser sangrientamente ejecutada en 1.964 diera comienzo a una nueva etapa de
la violencia en Colombia. La acción contrainsurgente en desarrollo de la
nefasta Doctrina de la Seguridad Nacional que fuera asumida como
política de estado por el excluyente y antidemocrático Frente Nacional bipartidista
alimento al Militarismo al interior de las fuerzas armadas oficiales y
sectores civiles reaccionarios, tendencia responsable de la violencia
institucionalizada, de las legislaciones represivas, de las limitaciones a las
libertades, las torturas y desaparición de líderes populares y políticos de
oposición. La guerra de baja intensidad ejecutada en nuestro país condujo al
Terrorismo de Estado, a la “Guerra sucia” y a la violación masiva de los
derechos humanos; la abrumadora mayoría de las violaciones de los derechos
fundamentales tiene autoría comprobada de los diversos organismos de las
fuerzas armadas oficiales y por extensión son responsabilidad estatal. Opciones
civiles que quisieron construir caminos pacíficos para lograr soluciones en
favor de la población fueron sometidos a una planificada operación de
exterminio que prácticamente las saco del escenario político; el mas
protuberante episodio, por lo dramático, sigue siendo el de la UP que fuera
diezmada mediante el genocidio sistemático de sus integrantes, el cerco
intimidador a sus actividades y la persecución jurídica a sus dirigentes,
provocando con ello su paulatina disminución como alternativa de poder popular
en que se había convertido en sus comienzos.
¡Ha habido y
hay entonces una responsabilidad de origen y una responsabilidad de ejercicio
por parte del régimen en la existencia de la violencia política!
¡A la
guerrilla Colombiana han llegado ante todo las víctimas de la intolerancia del
régimen y quiénes han estado dispuestos a combatirlo por ser excluyente y
antidemocrático!. Esto hay que recordárselo a algunos de los
violentólogos quienes vienen olvidándolo a la hora de evaluar las
responsabilidades de los actores del actual conflicto.
Desde su
origen, el movimiento guerrillero evidencia que ha sido una expresión genuina
del derecho a la resistencia a que se han visto obligados a acudir miles de
compatriotas.
En primer
lugar para la legitima defensa de su VIDA, pues la autoconcervación de ella y
el derecho y deber de protegerla por si mismo siendo algo que jamas pueden los
individuos o comunidades transferir a poder alguno, mucho menos pueden permitir
que un poder como el estado se arrogue la facultad para decidir sobre ella.
De otra
parte para defender o garantizar las condiciones de posibilidad de la vida. No
se olvide que amplias regiones, particularmente campesinas e indígenas pudieron
conservar un pedazo de tierra defendiéndolo o recuperándolo por la fuerza de
las armas; lo que se conoció como “colonización armada”, no fue otra cosa que
una angustiante búsqueda de las condiciones básicas para conservar la
existencia. Aquí es pertinente hacer alusión a una tesis de algunos que creen
desmeritar la insurgencia afirmando que a ésta están llegando personas para
solucionar el hambre y no por convicción política; esto, al contrario de la
intención de quienes lo exponen, lo que hace es constatar la incidencia de las
condiciones de pobreza y miseria que padece la mayor parte de nuestros
compatriotas para que se reproduzca la lucha insurgente así como otras
expresiones armadas, y constata así mismo el ejercicio legítimo del derecho a
procurarse los medios para la vida ya que una sociedad injusta no les permite
conseguirlos mediante el trabajo honesto haciendo agobiante su presente e
incierto el futuro; ¡constituye un mérito no una falta, que la guerrilla
canalice hacia objetivos de justicia social y sea expresión asimismo del
legitimo derecho a poseer los medios de subsistencia de todos aquellos que no
están dispuestos a soportar resignados el hambre y que encuentran en el
movimiento guerrillero una opción altruista y noble para combatir por ello,
pensando en lograr soluciones para la sociedad toda!
La
resistencia armada ha sido también una firme y abnegada lucha por el derecho a
participar en las decisiones del país, en el trazo de los caminos a seguir por
nuestro pueblo. A sangre y fuego se ha pretendido impedir que Colombianos que
opinan diferente a los sectores dominantes expongan publica y pacíficamente su
pensamiento a la nación y sus propuestas para construir una sociedad más amable
para todos; muchos han caído en este empeño, otros han desfallecido, y otros
continúan; la guerrilla es uno de los ejemplos de persistencia más dignos de
reconocimiento en la lucha por el derecho a participar en el gobierno del país,
adelantada de manera obligada por la vía de la confrontación armada ante la
violación consuetudinaria de las libertades políticas. Al régimen solo le es
tolerable una oposición controlada y permitida hasta ciertos límites aceptables;
la insurgencia ha demostrado que no está ni estará dispuesta a someterse a ese
cerco de muerte que le ha sido impuesto en los hechos a los sectores diferentes
y alternativos al bipartidismo tradicional. ¡ A las clases y grupos sociales en
el poder hay que decirles sin ambages que sus muestras de voluntad de paz
tienen primero que darse en el terreno real del ejercicio de la DEMOCRACIA, del
respeto, tolerancia y garantías para los sectores de oposición!
A la
oligarquía y a sus personeros políticos que se les hace “agua la boca” con la
sagrada palabra LIBERTAD, tenemos que recordarles que su trayectoria de vieja
data ha sido violentar no solo las libertades políticas sino además las
libertades civiles de muchos Colombianos, y que la insurgencia armada ha sido
una respuesta a ello constituyéndose ésta en un adalid de la lucha por la
libertad, la que esta dispuesta a conquistar como sea necesario.
Seria larga
e impresionante la lista de los DERECHOS HUMANOS pisoteados por los sectores
dominantes y su régimen. El movimiento guerrillero nació, vive y vivirá
mientras exista la violación de los derechos humanos en Colombia; ha sido el
recurso supremo a que se han visto obligados a acudir miles de compatriotas
para proteger, defender o conquistar sus derechos.
La
resistencia a la opresión ha sido un recurso de los pueblos en todas las épocas
en que esta ha existido. Hasta el religioso Tomas de Aquino sostuvo la tesis de
que los tiranos debían ser depuestos; otros, ya en su tiempo proclamaron la
legitima resistencia a los gobiernos cuando oprimen al pueblo. El derecho a la
resistencia o a la rebelión se convirtió en postulado esencial de la libertad
política. Las grandes revoluciones modernas le dieron el status de norma
jurídica; la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de la
revolución francesa lo considero como el más sagrado de los derechos y el
más indispensable de los deberes; la “Declaración de los Derechos del
Pueblo Trabajador y Explotado” de la revolución Rusa elevo a ley de estado la insurrección
obrera contra el yugo del capital y la lucha del pueblo contra sus explotadores.
Recogiendo esta larga tradición, la “Declaración Universal de los Derechos
Humanos” elevo la rebelión al rango de recurso supremo cuando no se
protejan estos derechos o exista opresión y tiranía. Este derecho ha sido un
valor humano y luego una norma jurídica positiva.
La lucha
guerrillera es una expresión concreta en el tiempo y la realidad Colombiana del
legitimo derecho a la resistencia que ha postulado la humanidad progresista; es
un derecho irrenunciable, pues seria como renunciar a la libertad es decir al
rasgo humano por excelencia.
Fueron
muchas y sigue siéndolo, las acciones injustas practicadas por el régimen
formalmente democrático que existe en nuestro país; no olvidemos que esta
“democracia” en Colombia a producido más crímenes políticos que los que produjo
la “dictadura” en Chile. Ante la injusticia es legitima la resistencia
invocando los preceptos superiores de la justicia; la lucha guerrillera en Colombia
ha sido animada desde su origen por el ideal de la JUSTICIA SOCIAL. Y hoy como
ayer justicia significa que se respeten, que no se ultrajen o violen, los
derechos humanos, como ya lo señalara el libertador: Para Bolívar cumplir con
la justicia era cumplir con la humanidad.
La
legitimidad de esta lucha de resistencia, por la vida, la libertad, la
democracia, la soberanía, por la justicia y los derechos humanos, tiene sus
raíces en el ideario mismo que defiende y en el reconocimiento de su vigencia
por amplias franjas de población que participan directamente o dan su
solidaridad a la causa insurgente; hay lo que podría denominarse, una
legitimidad moral, coincidente con una legitimidad política tanto en su origen
como en su ejercicio, pues nació como respuesta justa de sectores de nuestro
pueblo contra la violencia de las clases dominantes y su régimen, y se
desarrolla con el apoyo y la confianza de amplios sectores que ven en la
guerrilla una garantía de presión para lograr cambios favorables y una esperanza
de construir plenamente un poder alternativo.
El poder
popular en construcción devenga su legitimidad de la fuerza moral de su
proyecto y la nueva legalidad que se genera es una consecuencia de ello. Hay
quienes proclaman el respeto a las leyes de Estado fetichizando éstas y
olvidando que el estado en si no constituye el fin supremo de la sociedad
humana, que por encima de la moral jurídica esta el respeto real a los derechos
y en consecuencia que, ley viciada por ser injusta no merece respeto y no debe ser
obedecida. El poder popular que se ha venido forjando tras largas luchas y
sacrificios se atiene a la justicia en sus decisiones y su legalidad
alternativa ha ido construyendo como mínimo condiciones para un orden publico
garante de la coexistencia social pacifica en zonas; quienes causan
traumatismos a estas nuevas experiencias de vida son las operaciones de guerra
de las fuerzas armadas oficiales, pues no pueden permitir la existencia de
aquellas zonas si no se encuentran supeditadas al control del poder estatal,
Estado que ha sido el principal responsable de la violencia pero no ha sido en
cambio capaz de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los Colombianos.
Por cierto, aquí es oportuno recordarle a los que viven reclamando el monopolio
de la fuerza para el estado que, en las condiciones actuales, esa es una idea
que espanta dadas las consecuencias que han padecido en carne propia gran
numero de compatriotas que si saben en la práctica lo que ha significado el
ejercicio abusivo de las armas por parte del Estado Colombiano.
“Para el
logro de la justicia debe haber preferencia por los medios que permitan
remediar pacíficamente una situación injusta”, tal ha sido la convicción de los
alzados en armas desde su origen: La búsqueda de la solución negociada al
conflicto. No se han logrado acuerdos decisivos en tal sentido por la
pretensión, condenada de antemano al fracaso, de imponer condiciones de
rendición a un movimiento insurgente como el nuestro que no ha sido derrotado
ni militar ni políticamente a pesar de esta frustrada aspiración de la
oligarquía dominante.
El último
ejemplo ilustrativo de ésto se expresó aquel 9 de diciembre de 1.990 cuando el
tristemente célebre presidente Gaviria lanzo el gigantesco como desastroso
operativo contra “Casa Verde” inaugurando su estrategia de “Guerra
Integral”, mientras se realizaban unas elecciones para convocar la
constituyente.
La conquista
de la paz, ya sería un triunfo contra la oligarquía y el militarismo; por eso
trabajamos por ella. Los revolucionarios Colombianos dado nuestros ideales
humanistas no hemos sido partidarios de la violencia por la violencia. Pero la
paz que necesita el país y que desea el movimiento guerrillero es una paz
justa, una paz democrática, una paz que signifique logros que remuevan las
causas de la violencia, y no una paz que se constituya en una nueva
frustración para la nación. Los que viven solo preocupándose porque la
insurgencia se decida por la negociación y no por la guerra hay que recordarles
que esa disyuntiva no es exactamente la preocupación esencial, que ésta la
constituye el cómo avanzar en el logro de soluciones concretas para los
seculares problemas de nuestro pueblo y hacer realidad sus anhelos de justicia,
de democracia, de libertad, de soberanía, de derechos humanos y entre estos la
garantía de su derecho a la vida. Por estos nobles fines combatió el movimiento
guerrillero, combate y combatirá en las formas que sea necesario. Ha estado con
las armas en la mano porque la naturaleza profundamente intolerante del régimen
impidió que el proyecto nacional-popular insurgente pudiera ser ventilado y
defendido pública y pacíficamente.
Respecto a
la actual constitución y la legalidad que se deriva de ella hay que recordar
que tiene limitaciones en su legitimidad de origen pues fue hecha excluyendo la
absoluta mayoría de los insurgentes, le precedió el exterminio físico de otras
organizaciones progresistas llegando estas prácticamente liquidadas al momento
de elegir los constituyentes y además se produjo una significativa abstención
electoral; pero asimismo, tiene limitaciones en su legitimidad de ejercicio
pues en tan poco tiempo lo que ha prevalecido es la utilización de los estados
de excepción que faculta las medidas por decreto. Lo más grave sin
embargo es el divorcio entre la realidad y la normatividad, expresada por
ejemplo, en que mientras hay una extensa exposición de los derechos y
garantías, en los hechos Colombia es uno de los cuatro países en el mundo donde
más se violan los derechos humanos y hay más víctimas por razones de violencia
política.
Es de
esperar que algunos recursos democráticos contemplados en la constitución del
91 posibiliten la participación de la población en la definición de nuevos
rumbos para la reconciliación y la reconstrucción nacional. En particular
permitan el fortalecimiento de una sociedad civil democrática, ya que hasta
ahora estos otros actores sociales han sido menguados por la represión, la
exclusión y la criminalización de sus luchas; ¡en Colombia es más fácil ser
un rebelde en la clandestinidad que luchar desde un sindicato! esto no
deberían olvidarlo quienes, confundiendo los términos, han creído que porque
existe la resistencia armada es por lo que criminalizan la protesta social,
cuando la historia real muestra notoriamente lo contrario.
Las FARC-EP,
fieles a los intereses de nuestro pueblo continuamos inclaudicables en nuestra
brega por abrir caminos para la nueva Colombia, intentando ser cada día mejores
y consecuentes con el ideario que anima nuestra lucha. Tenemos la confianza
que todos nuestros combatientes serán merecedores de estas palabras que Bolívar
dirigiera a los soldados del ejército libertador vencedores en Ayacucho: “La
buena causa, la causa de los derechos del hombre, ha ganado con vuestras armas
su terrible contienda contra los opresores; contemplad, pues, el bien que
habéis hecho a la humanidad con vuestros heroicos sacrificios”.
"Si no
tenéis el valor de sacrificaros,
a lo menos tened el pudor de callar
por los que se sacrifican".
JOSÉ MARTI.
a lo menos tened el pudor de callar
por los que se sacrifican".
JOSÉ MARTI.
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