La Constituyente es la Llave de la Paz
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de
paz, julio 9 de 2013
Trivializar
la paz, que es un derecho síntesis, base y fundamento para la existencia y
ejercicio de cualquier otro derecho, como lo hacen ciertos columnistas e
instituciones, es una insensatez. Esto no puede menos que afligir los corazones
de las mayorías que durante décadas han sufrido las consecuencias de la guerra.
Un
tratado de paz no es un asunto solo de abogados o de vericuetos jurídicos,
argumentados como falsa preocupación por las víctimas. Las víctimas del
conflicto, sí, son un asunto principalísimo en la resolución de la
confrontación; y cómo no serlo, si es el conjunto de la sociedad, y dentro de
ella, esencialmente las pobrerías, quienes sufren las consecuencias de la
guerra y de las políticas económicas, que también matan. Pero no podemos dejar
que se imponga el sofisma de que los victimarios son quienes han tenido que
alzarse en armas para resistir a medio siglo de terrorismo de Estado. De ahí la
urgencia de establecer la responsabilidad histórica sobre los hechos. Sentimos
profundamente el dolor de las víctimas. Por ello insistiremos en que se integre
un grupo de juristas nacionales e internacionales, que con el conjunto de las
comunidades, estudien los alcances de la responsabilidad del Estado por lo
acontecido durante las últimas décadas de conflicto interno.
Para
la paz es fundamental el poder creador o Constituyente. Las normas
internacionales, a pesar de los adoradores de la Corte Penal Internacional, no
están por encima del poder Constituyente, pues el país no ha regalado su
autodeterminación ni su soberanía que reside en el pueblo.
La
paz de Colombia debe ser una política de Estado para evitar que situaciones
coyunturales como las elecciones la subordinen a intereses políticos
particulares poniendo en peligro el anhelo colectivo de reconciliación. La
Constituyente, por antonomasia, es la llave de la paz. La retórica del poder
contra la Constituyente debe ceder paso a planteamientos argumentativos que
entreguen razones y no descalificaciones exclamativas. No se trata de que nos
hagan afirmaciones de autoridad. Queremos razonamientos, tal como nosotros los
damos cuando sustentamos su necesidad. Así obramos cuando presentamos el cuadro
metodológico-comparativo que demuestra plenamente el acoplamiento de nuestras
10 propuestas mínimas para la participación política con el texto del acuerdo
general de la Habana.
¿Qué
autoridad superior proscribió el artículo 376 del texto de la Constitución
Nacional? ¿De dónde se ha sacado que al Constituyente primario se le pueden
trazar líneas rojas imaginarias?
Y
a propósito de otros mecanismos de refrendación que se presentan para
descalificar la Constituyente, recordamos la pregunta que el Doctor Humberto De
La Calle se hizo hace algunos años en cuanto a si ha tenido éxito en Colombia
la democracia directa, y en su balance expresa: “las tentativas de convocatoria
de referendos han fracasado”… Agregando que “los requisitos dispuestos por la
ley para validar la iniciativa ciudadana (…) son demasiado dispendiosos”, con
lo cual estamos de acuerdo.
Por
otro lado, es un despropósito hablar en términos peyorativos de “refundación de
la patria”, semejando la Constituyente al pacto de las tinieblas entre el
gobierno de Uribe y sus paramilitares. No obstante, si las altas autoridades se
resolvieran por adelantar un proyecto refundacional alrededor de la paz, no
romperían en absoluto las reglas de la lógica. También sería algo plausible… y,
por lo demás, conveniente en un país con una historia muy parca en la
configuración de momentos refundacionales, entendidos como aquellos que
galvanizan operaciones de beneficio y simbolización colectiva… Todo esto
efectivamente es cuestión de voluntad política.
Constituciones
armónicas y liberales, habrá muchas, pero puramente nominales en lo que
corresponde a derechos y garantías sociales, con una existencia de relumbrón,
sólo en el papel, como ocurre con la Carta del 91. Pero nadie podrá negar que
sus enunciados en esta materia, son letra muerta. Únicamente un obnubilado
legalista se atrevería a desconocer que bajo el imperio de esa Constitución el
país ha cobijado la más cruda de las desigualdades, ha vivido uno de los
periodos de mayor violencia y de impunidad; y ha alimentado a uno de los
clientelismos más rampantes, incluido el horroroso “clientelismo armado” de la
parapolítica.
¿Acaso
el divorcio entre constitución y sociedad, y un Estado como el colombiano,
infestado por prácticas antidemocráticas, autoritarias, mafiosas y corruptas,
no ameritan la irrupción de una voluntad colectiva para una coyuntura
refundacional?... Claro, tal necesidad no obligaría per se a una Constituyente, pero tampoco la excluiría
necesariamente.
Que
no vengan ahora sus adversarios a agitar ante el país la bandera del miedo
pretendiendo asustarlo con el argumento de que una Constituyente envuelve el
riesgo de una contra-reforma regresiva. No nos engañemos, la Carta ya está
plagada de contra-reformas propiciadas por la corrupción, la ambición
personalista de ciertos mandatarios, el clientelismo, y el oportunismo de
derecha de los partidos tradicionales. ¿Y es que acaso el país ya no tocó el
fondo de los crímenes de lesa humanidad y de los falsos positivos, de la
desigualdad y la miseria generada por la implementación de políticas
neoliberales, el saqueo trasnacional y la pérdida de nuestra soberanía?
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS
FARC-EP
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