Reflexiones sobre la Agenda de La Habana VI
Diciembre 9 de 2012
Delegación de paz de
las FARC-EP
La Habana, República de Cuba
Sede de los diálogos por la paz con justicia social
para Colombia
para Colombia
En la Mesa de Conversaciones de paz, buen
comienzo ha tenido la discusión sobre el primero de los seis puntos de la
Agenda convenida dentro del marco del Acuerdo General o Acuerdo Especial de la
Habana. Dos comunicados conjuntos han corroborado al país que las partes se
encuentran satisfechas con los avances que ha tenido el desarrollo del Acuerdo
general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera. Superando los aspectos técnicos de funcionamiento, ya ha sido
abordado el tema Política de desarrollo agrario integral, como aspecto
determinante que es para impulsar la integración de las regiones y
el desarrollo social y económico equitativo del país.
Entre los importantes progresos que rodean este momento de los debates, está sin duda el comienzo del trabajo de la página Web, como uno de los tantos mecanismos de recepción de las iniciativas populares. A través de este y otros instrumento deberá multiplicarse la participación real y efectiva de la ciudadanía en campos y ciudades, sin que ello coarte la participación directa de las diferentes formas de organización social en el proceso, cosa que se tendrá que ir abriendo paso con determinación por el protagonista principal de estas conversaciones que sin duda es el pueblo.
Al respecto, el otro gran avance ha sido el Foro que sobre el asunto se convocó para los días 17, 18 y 19 de diciembre en Bogotá, por parte de Naciones Unidas Colombia y la Universidad Nacional-Centro de Pensamiento, a solicitud de la Mesa de Conversaciones. La participación la auguramos como masiva y fructífera, si tomamos en cuenta el inmenso respaldo y expectativa que tiene el proceso de paz, a pesar de la ofensiva que los grandes medios de comunicación sostienen contra las esperanzas de éxito que el pueblo abriga, y a pesar también de la incontinencia verbal del Ministro de Guerra, quien todos los días dispara contra ella.
Entre los importantes progresos que rodean este momento de los debates, está sin duda el comienzo del trabajo de la página Web, como uno de los tantos mecanismos de recepción de las iniciativas populares. A través de este y otros instrumento deberá multiplicarse la participación real y efectiva de la ciudadanía en campos y ciudades, sin que ello coarte la participación directa de las diferentes formas de organización social en el proceso, cosa que se tendrá que ir abriendo paso con determinación por el protagonista principal de estas conversaciones que sin duda es el pueblo.
Al respecto, el otro gran avance ha sido el Foro que sobre el asunto se convocó para los días 17, 18 y 19 de diciembre en Bogotá, por parte de Naciones Unidas Colombia y la Universidad Nacional-Centro de Pensamiento, a solicitud de la Mesa de Conversaciones. La participación la auguramos como masiva y fructífera, si tomamos en cuenta el inmenso respaldo y expectativa que tiene el proceso de paz, a pesar de la ofensiva que los grandes medios de comunicación sostienen contra las esperanzas de éxito que el pueblo abriga, y a pesar también de la incontinencia verbal del Ministro de Guerra, quien todos los días dispara contra ella.
Hasta la Habana han llegado ya las conclusiones de
las mesas regionales de trabajo que impulsaron las Comisiones de Paz del
Parlamento, y se anuncia que en breve tendremos las conclusiones de ese
importantísimo certamen realizado en la primera semana de diciembre por
iniciativa del movimiento popular colombiano, denominado Encuentro
Internacional Pueblos Construyendo Paz. He aquí los primeros aportes, el
anuncio digamos, de lo que deberá ser una portentosa presencia del
constituyente primario en la construcción de una nueva visión de país, que nos
permita alcanzar la justicia social que funde la paz. He aquí los primeros
elementos que desde las FARC-EP se tomarán en cuenta para construir una
propuesta que responda a las aspiraciones del común.
¿Pero sobre qué insumos discurren hasta ahora los
análisis de los delegados de paz de ambas partes? Sin duda está el conjunto de
la sobre-diagnosticada realidad de desastre en el escenario rural que
padece Colombia, pero que deberán ser iluminados con los razonamientos y
consideraciones que han comenzado ha llegar desde el seno del pueblo
refiriéndose al acceso y uso de la tierra, entre otros tópicos esenciales de
esta problemática cuya característica fundamental conflictiva está en la
existencia de una estructura latifundista, de acumulación derivada del despojo
sangriento o desposesión, protagonizado por las elites en el poder al amparo
del terrorismo de Estado.
El debate ha comenzado y su enriquecimiento deberá
ir en creciente, alertando contra las trampas que al lado del Plan Nacional de
Desarrollo, entraña esa nueva forma de concentración de la tierra que es la Ley
1448 de 2011 sobre reparación y restitución de víctimas. Un
binomio normativo que sin dudas configura una premeditada antinomia jurídica,
un conflicto adrede de principios, que lo que busca es tener la escena que
permita las amplia interpretación jurídica como el espacio perfecto para
acciones ocultas de desposesión “legal”.
Habrá que hablar sobre ese otro adefesio que es el proyecto
de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, sobre el por qué de la tendencia a favorecer la gran empresa, disimulando tal
circunstancia con profusas sustentaciones sobre las supuestas ventajas que trae
para las gentes del campo el esquema pequeña explotación-mayor productividad,
a partir de propuestas de fortalecimiento de la pequeña propiedad, de la
“empresarización” y las “alianzas productivas” como camino para lograr
viabilidad económica, como si las dinámicas de un mercado incontrolado no nos
mostrara el seguro fracaso para los pequeños agricultores, como está visto en
casos del Medio Ariari, Urabá y el Magdalena Medio.
¿Encadenamientos productivos? Preguntémonos
en qué eslabón de la producción interviene el campesino, cómo es la
distribución de los beneficios, etc. Preguntémonos, cuál será el destino de la
economía campesina, el destino de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) como
opción económica y social que no convierta al campesino en sólo aportante de
tierra y mano de obra barata que termine siendo el esclavo de los
proyectos empresariales de los grandes inversionistas, los del llamado músculo
financiero.
Por qué tanta preocupación ahora por las “rigideces
de las UAF”, por qué el interés en empresarizar a partir del falaz argumento de
que ello posibilitaría una mejor utilización de las tierras en las cuales
actualmente se localizan, cuando la subutilización y uso inadecuado de tierras
ha derivado de la monopolización de la propiedad rural; es en la gran propiedad
donde precisamente ha estado ubicado este gran problema, mientras que en los
pequeños fundos de los campesinos y pobladores rurales, históricamente se
produce, en medio de lamentables condiciones de existencia, además, la porción
más grande e importante de la oferta alimentaria. ¿Qué tal si los subsidios del
Estado no fluyeran hacia los latifundistas palmicultores, bananeros,
cañeros..., como ocurrió con AGROINGRESO SEGURO, sino hacia los productores del
campo empobrecidos por las políticas gubernamentales?
Acceder a la tierra, tener su título de propiedad,
un sueño de siempre del campesino, del indígena y de las comunidades rurales
afro. El retorno con garantías, otro sueño de los desterrados y desplazados por
esta guerra impuesta desde arriba. Formalizar la propiedad, dicen los expertos
del gobierno, jugando con ese justo deseo de nuestros soñadores, que comienzan
advertir cómo se está fraguando la pesadilla del despojo legal: cumplidas las
titulaciones masivas, cumplida la restitución “del derecho”, sin los apoyos
prometidos por los culebreros del sistema, la opción no será otra que la de
enajenar las tierras, eso sí, “legalmente”, con seguridad jurídica, como parte
de la seguridad inversionista, tal como lo exigen las multinacionales. No en
vano el Banco Mundial y la USAID, promocionan el proceso, pues está en el
trasfondo de todo, crear las condiciones que permitan lo más pronto
posible la vinculación plena de Colombia a la relocalización mundial de la
agricultura aportando el sudor y la sangre de los pequeños y medianos
productores de nuestro país.
Necesario es que la dirigencia política en el poder
abandone ya su sometimiento a los centros internacionales de poder, a esas
políticas que nos han sumergido en una profunda crisis de producción, en la
carrera loca de privilegiar los cultivos permanentes, nocivamente
expansivos, de palma africana y caña de azúcar entre otros, en detrimento
de los cultivos transitorios y de la pequeña y mediana agricultura; en fin, en
detrimento de la soberanía alimentaria, del bienestar del país y en especial en
desmedro de la ya lamentable condición de vida de una población rural que en
más del 62% está azotada por la pobreza.
Por ahora dejemos hasta ahí nuestras reflexiones
recordando una recomendación que, para sorpresa de muchos, la Procuraduría
General de la Nación hiciera hacia finales de 2009 en una carta que dirigió a
la Corte Constitucional: “Es urgente recabar del Estado colombiano la necesidad
de realizar una reforma agraria integral y actualizada, cuya demora ha sido una
de las causas del conflicto social y del fenómeno del desplazamiento forzado
que se vive en el país”.
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